Declaración Política encuentro regional de víctimas del Río Atrato
Dicha cita, tuvo por nombre: “encuentro regional de victimas del Atrato”, y busco fundamentalmente visibilizar a todas las víctimas del conflicto armado en la región del Atrato y conformar una coordinación de víctimas de la región, esto en función de que, sean las propias víctimas, a través de procesos de organización autónoma quienes defiendan sus derechos colectivos.
De este encuentro participamos 250 delegados de las organizaciones de víctimas mencionadas. Fue una fraternal jornada de trabajo, caracterizada por el dialogo horizontal y la construcción colectiva de nuestra memoria histórica, en donde reconocimos que tanto la guerrilla, como los grupos paramilitares, el ejército nacional, las empresas multinacionales y principalmente el Estado tienen responsabilidad directa en los hechos victimizantes.Son innumerables las formas en las que las diferentes comunidades de la región han sido afectados por la crudeza del conflicto y el abandono del Estado, sin embargo se hace necesario resaltar algunas formas de victimización que por su nivel de sistematicidad y daños a las comunidades, deben tener atención especial, entre ellas destacamos: el destierro, el despojo, el desplazamiento forzado, el control territorial, la militarización de los territorios, el asesinato, las violaciones y otras formas de violencia sexual, la amenaza y la tortura, además de otras formas de violencia económica, política y social, como la usurpación y/o compra forzada de tierra, sumada a los bloqueos económicos y prohibición de alimentos que han generado desnutrición crónica y muerte de muchos de nuestros niños, adolescentes y adultos mayores.
En esa misma línea de agresiones contra las comunidades, hay que recordar que en toda la región del Atrato, se presentan saqueos de nuestros territorios, se ejecutan mega-proyectos sin consultas a las comunidades, se suspenden títulos colectivos, sumados a otra serie de acciones que posibilitaron la instauración y profundización, de un modelo de economía extractiva, soportada en dinámicas clientelistas que van en contravía de los intereses de las comunidades.Este cumulo de agresiones contra la población civil, afecta costumbres, formas de organización y gobierno ancestrales, rompiendo el tejido social y familiar. Del mismo modo se perturban valores culturales, estructuras familiares, formas y usos tradicionales de los suelos de nuestros territorios, entre otras afectaciones que se desarrollan en detrimento de las comunidades con la intención de mantener el dominio territorial, los privilegios de clase sustentados en el poderío económico, y sobre todo la perpetuación del poder político de las elites dominantes de la región.
Ante la continuidad de muchos de los hechos narrados, y la necesidad de que se den soluciones reales para las víctimas, así como garantías de no repetición y reparación integral, las comunidades y organizaciones de víctimas presentes declaramos:1.Nuestro firme rechazo ante la falsa desmovilización de los grupos paramilitares y preocupación por la permanencia de sus estructuras en nuestros territorios, generándose un fuerte control social en municipios como: Rio sucio, Unguia, Carmen del Darién, Bajirá, Murindó Acandí y Turbo. Sumado a esto, es común ver a muchos de sus testaferros administrar y explotar las tierras arrebatadas a las comunidades.
2.Estamos en desacuerdo con la actual ley de víctimas y tierras 1448 del 2011 y los decretos que la reglamentan para las comunidades indígenas y negras (4635 y 4633) ;porque solo reconoce a las victimas desde 1985, además de manifestar un desentendimiento del Estado como actor del conflicto social y armado, en éste sentido se generan nuevas formas de revictimización, dado que las comunidades no han sido consultadas; Además, la fecha límite propuesta por el gobierno nacional, para el reconocimiento de las víctimas ,no es acorde a las realidades del territorio y no se aplican a la totalidad de las víctimas.
3. Es importante reconocer los hechos victimizantes que acontecen en el municipio de Bojaya, en la confrontación entre ejército nacional, grupos paramilitares e insurgencia. Sin embargo, deben ser reconocidos todos los hechos, historias y dolientes en el rio Atrato, desde antes que el Estado hiciera presencia militar en el territorio.
4.Deben ser respetados los gobiernos propios en el territorio, las autoridades indígenas, negras y afros que lo ejercen y la autonomía como autoridades tradicionales.
5.Rechazamos la instalación de la base binacional “el Guamal” ubicada en Cerro Mocho, en la cuenca del Cacarica.
6.Exigimos garantías reales para que las victimas puedan socializar sus versiones sobre los hechos acontecidos por los múltiples actores, sin ser señalados ni revictimizados. Toda vez que la experiencia de las audiencias de justicia y paz, con la dinámica en que vienen funcionando, no generan las condiciones para que se cuenten los hechos reales.
7.Requerimos del estado una adecuada inversión social para nuestros territorios, que repare la deuda histórica que se tiene con las comunidades que hemos padecido el conflicto social y armado en toda la región del Atrato.
De otro lado, queremos expresar nuestro respaldo con el proceso de paz, entendiendo que este es una verdadera oportunidad de esperanza para nuestras comunidades, en la medida que, efectivamente se reconozcan las raíces del conflicto social y armado.
Respaldamos también un venidero Cese al fuego bilateral, entendiendo que su materialización generara condiciones sociales, políticas y psicológicas, que se esgrimirán como elementos sustanciales para conquistar la paz con justicia social y ambiental que requerimos; este Cese al fuego, será además, una herramienta fundamental para un ejercicio de memoria colectiva frente al pasado, al tiempo que una importante oportunidad para la reconciliación, en la medida que frena el dolor y la sangre de civiles, militares, policías, guerrilleros todos nacionales con la sangre del mismo país.
Bojaya 20 julio del 2015.